Incidentes de datos personales: por qué la respuesta coordinada ya es una decisión de negocio

Una brecha que expone datos personales dejó de ser, hace tiempo, un incidente exclusivamente técnico. Cuando compromete información de clientes, empleados o proveedores, activa de forma casi simultánea riesgos legales, operativos, reputacionales y financieros. Esa fue la premisa central del webinar "Incidentes de Datos Personales: cómo responder a tiempo y minimizar el impacto", realizado el 20 de agosto por BDO Argentina, con la participación de Fabián Descalzo (socio de Ciberseguridad), Juan Martín Morando (socio de Legales) y Solange Galaz (supervisora de Data Privacy).

El punto de partida es estructural: las organizaciones procesan hoy información personal a través de una superficie mucho más amplia que hace una década —plataformas digitales, sistemas internos, proveedores externos, entornos en la nube y, cada vez con mayor frecuencia, herramientas de inteligencia artificial—. Cada uno de esos canales es, potencialmente, una puerta de entrada para un incidente. La consecuencia directa es que la gestión de la privacidad ya no puede recaer únicamente en el área de sistemas ni tratarse como un anexo del programa de ciberseguridad: requiere gobierno, y ese gobierno debe diseñarse antes de que ocurra la crisis, no durante ella.

Qué constituye un incidente, y por qué la definición importa

Uno de los primeros obstáculos que enfrentan las empresas es identificar correctamente cuándo un evento califica como incidente de datos personales. No toda falla de sistemas lo es, pero la subestimación de un evento —clasificarlo como un problema técnico menor cuando en realidad compromete información personal— es uno de los errores más costosos, porque retrasa la activación de los protocolos de notificación que exigen los marcos regulatorios. En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece obligaciones específicas frente a estos eventos; a nivel internacional, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y, más recientemente, el AI Act de la Unión Europea amplían el perímetro de responsabilidad para las organizaciones que procesan datos de titulares alcanzados por esas normativas, incluso operando desde otra jurisdicción.

La ventana de respuesta es más corta de lo que parece

Detección tardía, evaluación de impacto incompleta y comunicación desordenada hacia los titulares de los datos y hacia la autoridad de control: estos fueron señalados como los puntos donde más se pierde control durante un incidente. La velocidad de respuesta no es un valor en sí mismo si no viene acompañada de un protocolo probado, con roles y responsabilidades definidos de antemano entre Tecnología, Ciberseguridad, Legales, Compliance y la alta dirección. Un comité de crisis que se arma por primera vez en medio de un incidente real ya está respondiendo tarde. La eficacia de la respuesta, en cambio, depende de haber ensayado el protocolo, tener trazabilidad de los flujos de datos —qué se recopila, dónde se almacena, quién accede— y contar con criterios claros para decidir cuándo y cómo notificar.

El riesgo de responder mal, cuantificado en tres dimensiones

Una gestión inadecuada de un incidente puede derivar en sanciones regulatorias, pérdidas económicas directas y un daño reputacional que resulta particularmente difícil de revertir, porque erosiona la confianza de clientes y socios de negocio en un momento en que esa confianza ya es un activo escaso. A diferencia de una pérdida financiera puntual, el impacto reputacional tiene un efecto acumulativo sobre la continuidad operativa: afecta la retención de clientes, las condiciones de negociación con proveedores y, en sectores regulados, la relación con los propios organismos de control.

La inteligencia artificial amplía el perímetro de riesgo

La incorporación de sistemas de IA en procesos que tratan datos personales introduce una capa adicional de exposición que muchas organizaciones todavía no gestionan con el mismo rigor que aplican a sus sistemas tradicionales. Un modelo de IA entrenado o alimentado con información personal, sin los controles de gobernanza adecuados, puede convertirse en una fuente de incidentes tan relevante como cualquier sistema transaccional. Marcos como la ISO/IEC 42001 y el NIST AI RMF ofrecen hoy una referencia para estructurar ese gobierno, aunque su implementación —vale aclarar— depende del contexto regulatorio y del nivel de riesgo de cada caso, y no equivale por sí sola a una certificación de cumplimiento.

De la reacción a la preparación

El mensaje que atraviesa las tres miradas —ciberseguridad, legal y privacidad— es que la gestión de incidentes de datos personales dejó de ser un tema exclusivamente operativo para convertirse en una decisión de negocio que debe tomarse antes del incidente, no después. Eso implica mapear los datos que la organización procesa, definir protocolos de respuesta multidisciplinarios, y revisar periódicamente esos protocolos a la luz de nuevas tecnologías como la IA.

Para las organizaciones que necesitan evaluar su nivel de exposición y fortalecer su capacidad de respuesta, BDO Argentina, a través de su práctica de Ciberseguridad y Gobierno Tecnológico (CIT), acompaña a empresas de distintas industrias en el diseño de estrategias de gobernanza, privacidad y gestión de incidentes, alineadas con los marcos normativos vigentes. Más información sobre estos servicios en https://www.bdoargentina.com/es-ar/servicios/consultoria/ciberseguridad-gobierno-tecnologico