Si se accede a la página de la Autoridad Certificante Raíz de la República ArgentinaAutoridad Certificante Raíz de la República Argentina, se verán quienes son los actuales certificadores licenciados y sus respectivas Políticas de Certificación, así mismo se observará que ni la ANSES ni la AFIP han emitido su “Política Única de Certificación”, por lo que actualmente tenemos una sólo Certificador del Estado (ONTI) que se encuentra en condiciones de emitir certificados de firma digital en forma gratuita para todo el sector Público Nacional, Provincial y Municipal, lo que incluye universidades y empresas del estado y Poderes ejecutivos, legislativos y Judiciales del estado Nacional, provincial y municipal previa realización de un convenio al respecto.
Actualmente la Autoridad de Certificación de la ONTI avanza en la provisión de certificados de firma digital a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de las provincias que reconocen a la Infraestructura de firma digital Nacional, también dicha Autoridad Certificante conforme a su Política de Certificación se encuentra otorgando certificados a particulares que realicen trámites con el Estado. (por ejemplo abogados que interactúan con el estado en la provincia de Misiones (poder judicial de la provincia) pueden utilizar los certificados digitales de la AC ONTI ante el fuero laboral de la Provincia.
Puede el Sector Privado en estas condiciones competir frente a la gratuidad de los certificados otorgados por el Estado?
Mientras los certificados emitidos por el Estado sean gratuitos tal como lo define la ley N° 25506 es sumamente difícil el desarrollo de la firma digital en el Sector Privado.
¿Cómo se maneja entonces el Sector Privado?
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