Blog - Seguridad | Forense

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En Argentina actualmente el cliente no procura la compra de productos forenses especializados por el sólo hecho de ser prestigiosos en el mercado. Este objetivo debe ser alcanzado a través de servicios de capacitación “técnico-legal”.

Cuando hablo de capacitación, ¿me refiero a un curso técnico para aprender a utilizar una herramienta especializada como EnCase? “Si” es la respuesta para obtener beneficios en el corto plazo, pero a mediano plazo la cuestión estructural de este mercado radica en que hay que llegar al “usuario indirecto” (el operador judicial, y eventualmente el abogado litigante).

El “usuario directo” (el perito o investigador forense) habitualmente no tiene margen financiero para soportar el costo de un producto software especializado. Aunque se logre más productividad con aplicaciones comerciales como EnCase, si se trata de un profesional informático (formado en universidades) o un idóneo con un cierto nivel de práctica sobre aplicaciones forenses, podrá optar por utilizar otras herramientas más accesibles –económicamente hablando-, incluso software gratuito. Hay que recordar que si se aprende la metodología de informática forense, hay numerosas aplicaciones que realizan funciones aplicables a “computer forensics”.

¿Cuál es el objetivo de mediano plazo? Los “usuarios indirectos” en la Justicia: operadores judiciales del Fuero Penal (Fiscales de Primera Instancia, Jueces de Primera Instancia), principalmente los que realizan investigación (instrucción preliminar), los tengan a cargo algún equipo interdisciplinario de investigación, los que trabajen en delitos complejos o económicos, los que tengan inclinación tecnológica.

Ellos son los que tienen que comprender acerca de la importancia de la validez que se le otorga a la prueba científica obtenida mediante la aplicación de metodologías de informática forense y software especializado y consolidado en el mercado mundial como “maduro” (el caso de EnCase o FTK). Si ellos no interpretan el respaldo técnico-legal que otorga el trabajar con este tipo de herramientas, no se logra establecer el “estándar de facto” y no se envían las señales necesarias para que un investigador o profesional compre o sea autorizado por la institución o empresa a adquirir un producto forense específico.

La Ley 26.388 es un apoyo importante para la evolución de la evidencia digital como elemento probatorio y en el reconocimiento de delitos “informáticos”, pero la evidencia digital tiene utilidad hoy en día en otros casos penales más habituales sobre infracción a la ley de propiedad intelectual, delitos contra las personas, contra el honor, contra la administración pública, defraudaciones, etc.

En la Justicia, el abordaje del tema de informática forense interesa más a los operadores judiciales de la rama Penal porque tienen responsabilidad en la investigación, control y/o supervisión de las medidas judiciales que lleven adelante en una causa, y toda falla en cuestiones procesales que involucren a los elementos probatorios plantea falta de idoneidad en la función, o cuanto menos inmadurez y falta de capacitación profesional. En el caso de la rama la Civil o Laboral, los jueces no tienen que contar necesariamente con peritos oficiales o personal idóneo interno, porque se trabaja con peritos de oficio y peritos de parte (externos al Poder Judicial) y las fallas técnicas en el peritaje terminan siendo perjudiciales a una de las partes.

La capacitación de los operadores judiciales en materia pericial implica el apoyo directo a la formación de equipos de especialistas internos.

Posteriormente los requerimientos de un especialista judicial llevan a la compra de herramientas de hardware y software especializadas.

A corto plazo es una buena estrategia brindar entrenamiento al personal policial o a profesionales informáticos que deseen actuar como investigadores, peritos de oficio o de parte porque se va abriendo el camino, presentando y posicionando un producto. Pero el círculo comercial terminará de cristalizar cuando los operadores judiciales aprendan y comprendan la importancia que tiene para un especialista (perito informático) poder trabajar con software forense adecuado para minimizar errores y garantizar la integridad de la prueba digital.

Como conclusión...

Para la apertura real del mercado argentino en materia de informática forense se requiere generar la necesidad del producto en el “usuario indirecto”. Una vez que el operador judicial conoce los aspectos esenciales del protocolo de actuación para peritajes informáticos, podrá contribuir a impulsar junto a los especialistas la adquisición de productos forenses “maduros”, para obtener resultados fiables en plazos razonables. A través de la capacitación técnico-legal puede lograrse este objetivo. La “evangelización” debe ser realizada concientizando a los stakeholders pertenecientes a las instituciones judiciales sobre las ventajas que se obtienen al utilizar un producto forense aprobado internacionalmente para peritajes informáticos, y con ello generar una conciencia colectiva sobre el ciclo proceso-producto que conlleve a la adquisición de una determinada herramienta forense comercial.

Por Leopoldo Sebastián Gómez (Abogado y Licenciado en Cs. de la Computación)