Blog - Metodologías y Legislación

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Si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aspira seguir adelantándose en el sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) entre las vecinas jurisdicciones  competidoras, como decíamos en la primera parte, el comienzo de esta aspiración parece empezar a transitar el camino, puesto que el 4 de diciembre pasado la legislatura porteña trató, no de manera definitiva (y veremos más adelante el porqué de esto), la ley de creación del Distrito Tecnológico en la Ciudad Capital.

Por lo tanto, esto evidenciaría que la Ciudad pretende estar a la altura de los grandes polos tecnológicos del mundo confiriendo beneficios, promociones y desarrollos en los sectores de la innovación tecnológica, científica, informativa y comunicativa y de software y servicios informáticos.

En este espacio tecnológico, recordamos que los beneficios que se ofrecerían a las empresas radicadas en el mismo son, entre otros, la exención por 10 años del pago de impuestos por ingresos brutos (IIBB), sellos y alumbrado público y limpieza (ABL) a los profesionales que vivan allí; subsidios y  planes de capacitación de sus empleados, contando éstos, por un plazo de 10 años, con incentivos fiscales en lo que a derechos de alineación y construcciones refiere; beneficios impositivos y crediticios para instituciones académicas, etc.    

Remarcamos anteriormente la importancia sobresaliente de este tipo de proyectos para la sociedad: para los empresarios inherentes al sector, para las empresas que consideren el proyecto como una valiosísima posibilidad de despegue y desarrollo, para que nuestros jóvenes que se vuelquen a carreras afines tengan expectativas ciertas de poder desarrollarse en aquello que es vocación, y, a su vez, para los demás sectores y elites de la sociedad que aspiren y necesiten relacionarse con los sectores involucrados y así en forma contigua dar inicio a un progreso económico, social, cultural y políticamente trascendente de la Ciudad y de nuestro país. 

Sin embargo, el punto oscuro que ha rodeado este atinado proyecto de concreción del parque tecnológico en la Ciudad, no sucedió en los alrededores del distrito, sino en el seno mismo desde donde nació el proyecto.

El tratamiento y sanción de la ley ha quedado en stand by porque, con excelente criterio, la misma legislatura porteña decidió anularla por los hechos que fueron de público conocimiento.
 
Si bien podemos calificar este hecho como indeseado, también es justo mencionar que la anulación de la votación pone de manifiesto el reconocimiento, por parte del Gobierno, de la necesidad de un funcionamiento adecuado de las instituciones.

Como sostuvimos en nuestros editoriales anteriores, la calidad y estabilidad de las instituciones, de las autoridades políticas, como así también de las sociales, académicas, públicas y privadas, etc., son fundamentales para el desarrollo adecuado y sostenimiento del país.

El adecuado funcionamiento, aplicación e interpretación de las normas es fundamental para la instauración de reglas claras, permanentes y previsibles que garanticen a las instituciones la tranquilidad de ese florecimiento productivo, social y estable.
 
Ante esto, y acompañando a los interesados en este significativo proyecto de instauración del polo tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, no debemos perder las esperanzas de que la ley en cuestión pueda en un futuro no muy lejano ser nuevamente sancionada y con el correcto funcionamiento de la institución que lo preceda.

Asimismo, junto con la efectiva puesta en funcionamiento de la alícuota 0% para IIBB, se abrirá de una vez por todas el camino para la radicación de la industria TI que tanto valor agrega a este distrito, ya sea por los recursos humanos bien calificados, por su alto carácter innovativo y capacidad creativa, por la calidad de los productos y servicios que provee, que la transforman en una industria altamente sustentable, elegible al momento de decidir su promoción industrial y fomento de planes de capacitación.

Que el 2009 nos encuentre hablando de cómo se concretan todos estos proyectos.

Por Macarena Pereyra Rozas (Carranza Torres & Asociados)